El 84% de las personas trans considera que el sistema educativo español no es inclusivo, según un estudio del Ministerio de Igualdad de 2022. En la Región de Murcia, la normativa que regula su atención en las aulas data de 2017, tres años antes de que existiera la Ley Trans estatal. Siete colectivos y un sindicato llevan desde noviembre esperando que la Consejería de Educación responda. Ayer decidieron que ya habían esperado suficiente.

Una comparecencia conjunta de urgencia

En la sede del sindicato STERM Intersindical en Murcia se celebró ayer una rueda de prensa que reunió a una coalición inusualmente amplia. Chrysallis Murcia, STERM Intersindical, Podemos-IU, Vihsibles, No Te Prives, el Colectivo La Traca y la asociación ¿Lo Tienes Claro? se sentaron juntos para lanzar un mensaje que todos compartían: la Consejería de Educación de la Región de Murcia está incumpliendo la ley, lo sabe, y lleva meses sin hacer nada al respecto.

Las personas que tomaron la palabra fueron Sandra Núñez, portavoz de Chrysallis Murcia; Andrés Martínez, responsable de comunicación de STERM Intersindical; José Luis Álvarez-Castellanos, de Podemos-IU; Antonio Serrano, de Vihsibles; Eco Sánchez, de No Te Prives; Daniela Miñano, del Colectivo La Traca; y Javier López, de ¿Lo Tienes Claro? Todas las organizaciones coincidieron en la misma diagnosis: el alumnado trans de la Región de Murcia está desprotegido, y esa desprotección no es accidental sino el resultado de una inacción deliberada.

Seis años de ley, cero protocolos: la cronología de un silencio

El problema no es nuevo. La Ley Trans estatal —Ley 4/2023— obliga de forma explícita en su artículo 21 a que las administraciones educativas elaboren protocolos de apoyo y acompañamiento para el alumnado trans. Esa ley lleva tres años en vigor. Antes de ella, la propia Ley 8/2016 de igualdad social LGTBI de la Región de Murcia ya establecía la misma obligación: garantizar que el alumnado pudiera ser nombrado por su nombre elegido y acceder a las instalaciones según su identidad de género. Esa ley lleva diez años en vigor.

Sin embargo, los centros educativos murcianos siguen rigiéndose por unas instrucciones publicadas en 2017, anteriores a la ley estatal y claramente insuficientes para cumplir con lo que esta exige. Andrés Martínez, de STERM, lo describió con precisión:

«Los centros todavía funcionan con unas instrucciones de 2017, anteriores a la Ley Trans de 2023. Esto genera una incongruencia entre la normativa que regula la Consejería y la que manda el Gobierno estatal, y en muchos casos supone inseguridad para el profesorado, que se encuentra con una contradicción entre lo deseado por el alumnado y lo mandatado por la familia.» — Andrés Martínez, STERM Intersindical

En noviembre de 2025, STERM y las asociaciones registraron formalmente su propuesta de protocolo ante la Consejería. En enero de 2026, se reunieron con la Directora General de Recursos Humanos, Planificación Educativa e Innovación. La Administración, según relataron, mostró "sensibilidad" hacia el problema, pero vinculó la aprobación del protocolo al desarrollo del Decreto de Convivencia, un texto que sigue sin tener fecha de aprobación. Para Sandra Núñez, de Chrysallis Murcia, esa respuesta no es aceptable:

«Nos preocupa enormemente que esto se dilate en el tiempo y que el alumnado siga desprotegido. La situación es un asunto muy grave.» — Sandra Núñez, portavoz de Chrysallis Murcia

José Luis Álvarez-Castellanos añadió un dato que ilustra hasta qué punto la inacción es estructural: la Ley 8/2016 obliga al Gobierno Regional a elaborar un informe anual sobre su aplicación y remitirlo a la Asamblea para su debate. En diez años de existencia de la norma, ninguno de esos informes ha sido elaborado. "Es una ley que en muchísimos aspectos sigue estando arrinconada y paralizada", denunció.

El dato que lo explica todo: el 84%

Detrás del debate normativo hay una realidad humana que los colectivos pusieron ayer sobre la mesa. Según el Estudio exploratorio sobre la inserción sociolaboral de las personas trans, publicado por el Ministerio de Igualdad en 2022, el 84% de las personas trans considera que el sistema educativo español no es inclusivo. Un dato que no es una opinión: es el resultado de años de desprotección institucionalizada.

El informe Radiografía de la educación en diversidad LGTBI+, publicado por la FELGTBI+ en 2025, añade otro elemento: la población trans tiene un nivel de estudios inferior a la media de la población general. La conexión entre ambos datos y la ausencia de protocolos educativos no requiere mayor explicación. Antonio Serrano, de Vihsibles, subrayó durante la rueda de prensa que las infancias y adolescencias trans son "infancias plenas y llenas de derechos que no pueden verse segadas ni desprotegidas dentro del sistema educativo".

Lo que propone el protocolo: una herramienta, no una ideología

Las organizaciones presentaron ayer el texto íntegro de su propuesta, un documento técnico de catorce páginas que no parte de cero sino que toma como referencia los protocolos ya vigentes en Islas Baleares —desde 2016—, Navarra, Canarias, Cataluña y el País Vasco. Murcia sería, con este protocolo, la última comunidad autónoma en sumarse a un estándar que el resto lleva años aplicando.

El principio fundamental que articula toda la propuesta es la autodeterminación de género: la identidad de una persona no puede estar condicionada a diagnósticos médicos o psicológicos previos. La vivencia interna del individuo es suficiente para su reconocimiento en el ámbito educativo. A ello se suman los principios de interés superior del menor, confidencialidad, inclusión y coordinación entre todos los agentes implicados.

El procedimiento se articula en seis fases. La primera es la comunicación al equipo directivo, que puede llegar a través de la familia, del propio alumno o de cualquier miembro del personal del centro. La segunda es la valoración por parte del Equipo de Orientación, que recoge las necesidades de la persona trans y, si es menor de dieciséis años, convoca también a la familia. La tercera es la activación formal del protocolo, que no requiere ningún diagnóstico médico y se formaliza mediante un documento de consentimiento adaptado a cada situación: si el alumno es menor de dieciséis años con apoyo familiar, sin él, o con discrepancias entre los progenitores, o si es mayor de dieciséis y puede activarlo por sí mismo. La cuarta fase recoge las actuaciones inmediatas. La quinta establece un seguimiento trimestral del bienestar del menor. Y la sexta regula el cierre o suspensión del protocolo.

El tratamiento de los casos con discrepancias entre progenitores o sin apoyo familiar merece una mención especial, porque es donde el protocolo muestra mayor sofisticación. Si los padres no están de acuerdo entre sí, el centro actúa atendiendo al interés superior del menor y basta con la firma de uno de los representantes legales. Si el menor de dieciséis años carece de apoyo familiar, el protocolo puede activarse igualmente a partir de los doce años, sin consentimiento de los padres, comunicando la situación a Inspección y al Servicio de Protección de Menores. Para los menores de doce años sin apoyo familiar, el centro puede aplicar las medidas que considere necesarias aunque el protocolo formal no se active.

Las medidas concretas: del correo de Gmail a los vestuarios

Las actuaciones inmediatas que el protocolo contempla cubren todos los ámbitos de la vida escolar cotidiana. En el plano administrativo, el centro debe adecuar las listas de clase, los carnés escolares, los correos electrónicos y todas las plataformas digitales —incluidas Plumier y MurciaEduca— al nombre y al género con el que el alumno se identifica. En cuanto a las instalaciones, el alumno puede elegir acceder a los aseos y vestuarios acordes a su identidad de género, o utilizar un espacio individual habilitado para ello si así lo prefiere. En materia de imagen personal, el protocolo garantiza la libertad de elección de vestimenta y uniforme con independencia de la identidad de género. Y en el plano del acompañamiento, el equipo directivo debe designar una persona responsable que realice tutorías periódicas de seguimiento.

Eco Sánchez, del Colectivo No te Prives, ofreció durante la rueda de prensa el testimonio más concreto de lo que significa la ausencia de estas instrucciones en la práctica. Ella misma ha tenido que aprender por su cuenta cómo solicitar el cambio de nombre en el sistema MurciaEduca y en el correo de Gmail corporativo del alumnado:

«He tenido que hablar con muchos profesores y aprender yo para mí cómo hacerlo, cómo hablar con las instituciones, cómo el profesorado me puede ayudar. Y no solo por mí, sino por cualquier persona que pueda venir detrás y se encuentre con ese profesorado. Se necesita que el profesorado conozca, y que el alumnado también conozca sus derechos.» 

El marco jurídico: una obligación, no una opción

Las organizaciones insistieron en que su propuesta no reclama derechos nuevos sino el cumplimiento de obligaciones ya vigentes. El respaldo normativo es sólido en todos los niveles. En el internacional, los Principios de Yogyakarta —elaborados por el Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos— establecen la obligación de los Estados de aplicar la legislación de derechos humanos en relación con la identidad de género. La Resolución 2048 del Consejo de Europa insta explícitamente a legislar en favor de los derechos de las personas transexuales.

En el plano nacional, la Constitución Española protege la dignidad de la persona, la igualdad ante la ley y el derecho a la intimidad y a la propia imagen. La Ley Orgánica 8/2021 de protección integral a la infancia frente a la violencia refuerza el deber de los centros de prevenir, detectar y actuar ante cualquier forma de discriminación por identidad de género. La LOMLOE establece la equidad y el respeto a la diversidad como principios del sistema educativo. Y la Ley Trans de 2023 obliga de forma expresa a las administraciones educativas a elaborar protocolos de acompañamiento. En el ámbito regional, la Ley 8/2016 ya contemplaba esa misma obligación hace una década.

«No estamos reclamando nuevos derechos. Estamos exigiendo el cumplimiento de las leyes que el Gobierno Regional está ignorando deliberadamente. La educación debe ser una herramienta que garantice seguridad y protección, no un espacio de hostilidad».

La "lotería" de los equipos directivos y la ofensiva de junio

Uno de los argumentos más poderosos de la tarde fue el que describió las consecuencias prácticas de la ausencia de un protocolo homogéneo. Sin instrucciones claras y vinculantes, la atención que recibe un alumno trans en la Región de Murcia depende exclusivamente de la sensibilidad o la voluntad del equipo directivo que le corresponda. Si el director o directora del centro es receptivo, el alumno tendrá acompañamiento. Si no lo es, estará solo. "Es una lotería", denunciaron los portavoces, "y eso es en sí mismo una forma de discriminación indirecta y una vulneración del derecho a la igualdad".

Frente a esa situación, las organizaciones anunciaron un calendario de presión que se extenderá durante las próximas semanas. Los grupos parlamentarios de PSOE y Podemos-IU ya han registrado interpelaciones en la Asamblea Regional. Este mismo jueves 14 de mayo, el diputado socialista Miguel Ángel Ortega interviene en la Cámara para pedir explicaciones directas al Consejero de Educación sobre el incumplimiento de la Ley Trans en los centros educativos murcianos. También se han presentado denuncias formales ante los ministerios de Igualdad, Educación, Juventud e Infancia, y ante la Consejería de Política Social.

Durante el mes de junio, coincidiendo con el Orgullo LGTBI, los colectivos llevarán mociones a todos los ayuntamientos de la Región para que los grupos municipales se pronuncien sobre el protocolo. Daniela Miñano, del colectivo La Traca, y Javier López, de ¿Lo Tienes Claro?, confirmaron que el tema del protocolo educativo estará presente en todos los manifiestos y actividades de los orgullos locales, desde el de Cieza al de Los Alcázares. "Vamos a llegar hasta el último estamento posible para que este protocolo se lleve a cabo", advirtieron.